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May

Marco de Benito. Profesor de IE Law School

El Gobierno podría seguir los pasos de Bolivia y Ecuador, que después de retirarse del Ciadi denunciaron los convenios bilaterales.

El 24 de enero Venezuela denunció el convenio del Ciadi, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, lo que supone su próximo abandono, el 25 de julio, de este organismo de arbitraje, hoy el más importante del mundo en materia de inversiones. Caracas sigue así los pasos de Bolivia y Ecuador, que hicieron lo mismo en 2007 y 2009, respectivamente. Se trata de una mala noticia. Lo es para las empresas españolas Repsol, Telefónica, BBVA y Mapfre, cuyas fuertes inversiones en Venezuela son amortizables sólo a largo plazo. Y lo es también para el pueblo venezolano, que verá peligrar la permanencia del capital invertido en sectores fundamentales para el desarrollo de su economía y el  bienestar de sus ciudadanos.

El rigor jurídico exige, no obstante, atemperar el alarmismo con que algunos medios de comunicación españoles han transmitido la noticia. El País, en su edición del 1° de febrero, señaló: “Telefónica, Repsol y BBVA perderán en julio su protección frente a Chávez”. Lo cierto es que la garantía de las inversiones españolas en Venezuela no viene dada tanto por la pertenencia del país suramericano al Ciadi, sino por el tratado bilateral o el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones vigente entre ambas naciones desde 1997. Este instrumento es –no el convenio del organismo de arbitraje– el que permite a las empresas españolas reaccionar eficazmente ante cualquier acción lesiva, una expropiación o nacionalización sin adecuada compensación o, en general, cual- quier trato injusto, arbitrario o discriminatorio del Estado venezolano. No quiere con ello decirse que la decisión de  Venezuela sea inocua para las empresas españolas. No, ocasiona un perjuicio muy concreto: a partir de ahora, los inversionistas del país europeo ya no podrán llevar sus reclamaciones al Ciadi propiamente dicho, que es competente sólo si los dos Estados son parte del Convenio de Washington, sino que deberán plantearlas ante el llamado Mecanismo Complementario, organismo encargado de administrar los casos en que la nación receptora de la inversión no pertenece al Ciadi.

Los laudos en el organismo de arbitraje y los del Mecanismo Complementario son, desde luego, susceptibles de ejecución forzosa sobre todos los activos –petróleo, inmuebles, valores, cuentas bancarias– de que sea titular el Estado venezolano en cualquier parte del mundo, siempre que no gocen de inmunidad de ejecución. ¿Dónde radica, pues, la diferencia? Sobre todo, en el régimen aplicable a la ejecución de los laudos, que ya no será el Convenio del Ciadi sino el de Nueva York de 1958. Por aplicación de esos tratados, mientras los laudos del organismo de arbitraje son inmunes a toda resistencia, los del Mecanismo Complementario admiten la oposición del Estado; oposición que excluye la revisión del fondo del asunto, pero oposición al fin y al cabo, enojosa e incierta.

En resumen: el retiro de Venezuela del Ciadi supone para las inversiones españolas el descenso de una garantía plena a otra semiplena. Pero, al seguir bajo el paraguas del acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones, se mantienen protegidas en lo sustancial. Precisamente por ello, lo que resulta realmente preocupante de las noticias que llegan del país caribeño no es su abandono del Ciadi, sino las declaraciones del Gobierno sobre la “renegociación” de gran parte de los más de 20 acuerdos de protección de inversiones que tiene suscritos. ¿Es previsible que llegue a darse tal paso? Precedentes, los hay: Bolivia se retiró del Ciadi en 2007 y en 2012, hace escasos días, dio por terminado su acuerdo de protección de inversiones con España. Ecuador, a su vez, nada más salir del organismo en 2009, denunció 13 de los 19 acuerdos que tenía suscritos. No sería, pues, de extrañar que Venezuela hiciera seguir su abandono del organismo de arbitraje de la denuncia de algunos de sus acuerdos de protección de inversiones. Una denuncia en este sentido entre Caracas y Madrid no afectaría de inmediato las inversiones ya realizadas, que seguirían bajo la protección de los acuerdos 10 años más. Pero las inversiones que se hicieran en lo sucesivo sí quedarían de inmediato expuestas a los rigores de la intemperie bolivariana.

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